Ley Micaela: cómo se aplica, por qué es tan importante y qué pasa con quienes no la cumplen

La ley 27.499, conocida públicamente como Ley Micaela por el nombre de la militante social entrerriana Micaela García que fue asesinada en abril de 2017 por Sebastián Wagner, fue aprobada el 19 de diciembre de 2019, y desde entonces, estos tres años han sido una prueba constante para llevarla a cabo y lograr que finalmente todos los integrantes de la Administración Pública en sus tres poderes y jurisdicciones reciban una capacitación en perspectiva de género.

Así, esta norma, que tiene al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como autoridad de aplicación, establece formalmente una capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En diálogo con BigBang, Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, explicó que esta ley resulta "una herramienta fundamental para poder incorporar la perspectiva de genero y diversidad en lo que hace al diseño y ejecución de las políticas públicas", algo que es más que necesario en el mundo que vivimos.

"Este ley tiene que ver con identificar las violencias. Vivimos en un mundo donde se habla de mujeres y varones, donde se naturaliza que los hombres hagan una cosa y las mujeres otras, y esta ley permite identificar la desigualdad para erradicarla y que eso se aplique a las políticas públicas. Por ejemplo, que el poder ejecutivo implemente programas de salud, vivienda, desarrollo social, etc, pero que lo haga con perspectiva de genero y lo mismo el poder legisativo y judicial. Todo eso contribuye a la igualdad y a la erradicación de violencia", indicó la funcionaria.

Desde su aprobación, hace 3 años, ¿qué avances se vieron?

-En primer lugar vemos algo muy significativo que tiene que ver con la apropiación de la ley Micaela. Es una normativa que es sinónimo de formación de género y diversidad. Hoy piden la ley los sindicatos, medios, partidos políticos, y eso un avance en términos de apropiación que lo vemos desde el año pasado a esta parte. En el ejecutivo hay un avance en la sensibilización de las autoridades, hoy quienes ocupan cargos de jeraquias, quienes toman decisiones, son los que se capacitan y lo que se busca es que sensibilicen y decidan con una mirada de perspectiva de genero. El 2020 lo terminamos con la totalidad de los ministros capacitados.

Para aquellos que no saben cómo funciona, ¿cómo se le avisa a quienes deben asistir a la capacitación?

-Los organismos del Estado, como es una ley, tienen la obligación de que nosotras nos comuniquemos o que ellos se comuniquen. Hay un registro de las capacitaciones y hay comunicaciones internas para avisarlas. Ayer (por el lunes pasado), por ejemplo, como ministerio, las autoridades nos auto capacitamos sobre la perspectiva de la interseccionalidad.

¿Qué pasa con aquellos que no cumplen la capacitación? ¿Encuentran resistencia a capacitarse?

-No nos hemos encontrado con tantos casos que no van a la capacitación, es una ley y hay que cumplirla. Por ahora no están planteadas sanciones, pero se insta a cumplirla, tampoco va a haber un solo espacio, es parte del organismo la responsabilidad de garantizar que esos encuentros se repitan. Puede haber resistencias o gente que no está de acuerdo, pero nos hemos encontrado muy poco de eso, y es una ley, no es opinable. Es necesario reforzar mucho, que lleven adelante las capacitaciones, que se cumplan con las 20 horas, y reforzar que se destine presupuesto de los espacios para las mismas. Y donde no se ha avanzando todavía con las autoridades, es a donde hay que ir.

¿En esas capacitaciones qué es lo que se habla?

-Los que asisten escuchan una voz académica. Hay muchos espacios, no es solo uno. Hay cursos de 20 horas, instancias de sensibilización que son más cortas, y hay materiales audiovisuales. Hay unos contenidos mínimos que planteamos como ministerio, que son 4 módulos. El primero tiene que ver con el marco normativo nacional e internacional, que es muy amplio. Se trabaja con una línea histórica. El segundo es propio de la teoría vinculada a la perspectiva de genero y diversidad. El tercer módulo es sobre las violencias de género y la perspectiva de género en las políticas públicas y el cuarto es las interseccionalidades, que es cuando por ejemplo decimos que no es solo la opresión de género, sino que existe la opresión de raza, de clase, perspectiva de discapacidad. No vivimos todos las mismas desigualdades. Se habla de Interseccionalidad porque son puntos que se interconectan.

Nos encontramos con integrantes de los 3 poderes del Estado para hacer un balance de la implementación de la Ley Micaela. También llevamos adelante el último encuentro de formación para autoridades de nuestro Ministerio.

A #3AñosDeLeyMicaela, nos formamos para transformar(nos). pic.twitter.com/IuCiNP9yjO

— Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) December 20, 2021

¿Desde cualquier sector o ámbito pueden pedir que se aplique la Ley Micaela? ¿Por ejemplo en los medios de comunicación?

-Nosotras tenemos una línea de trabajo que es Micaela medios, y si el medio es privado, se pueden comunicar con nosotras y tenemos un dispositivo que permitirá hacerlo. Es una política que hacemos nosotras desde el ministerio y lo que hay que hacer es comunicarse con el área de formación, que hay un equipo que trabaja detrás de esto.

La ley 27.499 lleva el nombre de la militante social y feminista entrerriana Micaela García, de 21 años, que fue asesinada en abril de 2017 por Sebastián Wagner, quien contaba con antecedentes penales por delitos sexuales contra dos mujeres y un juez permitió su salida de prisión pese a que los especialistas recomendaban lo contrario.